La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio la bienvenida a las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México, pues aseguró que su adopción transforma de manera sustancial el marco institucional para combatir la corrupción en el país.

El organismo internacional resaltó que con las leyes del SNA, aprobadas por los legisladores el 16 de junio y promulgadas el 18 de julio, se da un paso firme hacia la consolidación de uno de los pilares de la agenda de reformas estructurales de México.

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, consideró que es posible que el elemento de cambio más importante de estas leyes sea que van más allá del nivel federal e incluyen a todos los niveles de gobierno.

“De hecho, la nueva legislación requiere que los estados mexicanos sigan el ejemplo en sus propios sistemas anticorrupción, lo cual permitirá desmantelar algunas de las principales fuentes de corrupción en México”, señaló Gurría en una declaración sobre el SNA.

La OCDE destacó que el requisito para que los estados reproduzcan los esfuerzos federales y cumplan con las normas establecidas por la legislación nacional, y desarrollen nuevos requisitos de divulgación en virtud de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, constituye un avance muy importante.

Resaltó que el Sistema Nacional de Fiscalización, que incluye a los órganos federales y estatales internos y externos de control, jugará un papel importante en el fortalecimiento de las instituciones de auditoría y en la armonización de las políticas y las capacidades en todo el país.

Lo anterior, puntualizó, cambiaría de manera significativa la percepción de corrupción en los estados y municipios y mejoraría las perspectivas de los ciudadanos sobre una mayor integridad en la prestación de servicios públicos.

“Al igual que con el resto de los esfuerzos de reforma que México ha llevado a cabo, la clave para un cambio real radica en la implementación. Este marco pone a México al día de acuerdo con las mejores prácticas de la OCDE, pero ahora tenemos que hacerlo funcionar”, expresó Gurría.

En el documento, la OCDE exhortó al gobierno mexicano a adoptar un enfoque sistémico e integral para la implementación; a forjar una cultura de integridad; y a formar desde el principio mecanismos sólidos de rendición de cuentas, en especial a nivel subnacional.

El organismo mencionó que esta nueva visión también requerirá de esfuerzos de capacitación para los funcionarios públicos que permitan transitar de un enfoque basado en reglas a uno basado en valores.

La OCDE indicó que si bien la nueva legislación puede mejorar los procesos de denuncia de actos de corrupción, nuevas medidas serán necesarias para garantizar la protección de los sonadores de alerta (whistleblowers).

Apuntó que con la adopción de estas leyes, México pone en marcha medidas que la OCDE considera efectivas, como establecer un nuevo Comité Coordinador responsable del diseño, implementación y coordinación efectiva de las políticas anticorrupción.

Además, hacer a los ciudadanos actores clave del Sistema Anticorrupción a través de un Comité de Participación Ciudadana, cuyo representante presidirá el Comité Coordinador.

 

También, acercar aún más a México al objetivo del resto de los países de la OCDE de promover una mayor transparencia y capacidad de detectar y prevenir la corrupción.

 

Esto, mediante el aumento de los requisitos reglamentarios para la declaración de activos e identificación de conflictos de interés y otros intereses privados de los funcionarios públicos, y la mejora de la capacidad de la Auditoria Superior de la Federación para llevar a cabo auditorías en tiempo real y desarrollar mecanismos de seguimiento.

 

Otras medidas son: Tomar una postura más firme para sancionar violaciones a la integridad, haciendo posible que los casos potencialmente graves caigan bajo la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que gozará de plena independencia para emitir sus resoluciones.

 

Así como la creación de una Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción que apoyará medidas más estrictas de aplicación y procesamiento, para lo cual será clave que el Fiscal se designe a la brevedad, subrayó la OCDE.